El Congreso de los Diputados está abordando ya una fase acelerada del debate sobre la nueva ley educativa, que modifica la vigente LOE/LOMCE. Efectivamente, en la semana que finaliza, la Ponencia constituida está acabando de perfilar las enmiendas que presentará para su votación, primero ante la Comisión de Educación y más tarde ante el pleno del Congreso, para remitir posteriormente el proyecto al Senado en segunda lectura y, finalmente, otra vez al Congreso para su aprobación definitiva.
Por tanto, a la Ley le espera aún un gran recorrido y puede estar sujeta a cambios durante su tramitación, por lo que cualquier valoración puede resultar ahora mismo demasiado prematura. No obstante, las líneas maestras apuntan ya claramente hacia la introducción de cambios de gran trascendencia en nuestro sistema educativo. Hacía falta, era imperioso abordar esos cambios por la caducidad de la vigente LOMCE, la llamada Ley Wert, y el malestar reinante en toda la comunidad educativa.
Sin entrar a valorar ahora el conjunto de la futura Ley, lo que ADIDE-Federación hará en su momento oportuno, sí que nos parece necesario referirnos ya a los cambios hacia los que se apunta en lo que se refiere a la Inspección educativa:
1. En primer lugar, ADIDE-F apostó firmemente por un cambio en el modelo de inspección, que la pusiera a la altura de los nuevos desafíos que plantea hoy en día el sistema educativo. La sociedad ha ido evolucionando de manera acelerada y, consecuentemente, las necesidades y exigencias de los centros educativos, de sus equipos directivos, el profesorado, el alumnado, ya no son las mismas que cuando se concibió el actual modelo, hace ya veinticinco o treinta años. Por ello en su día manifestamos nuestra decepción porque el Proyecto de Ley enviado al Congreso no contemplaba modificación alguna respecto a la LOE/LOMCE.
2. Así, ADIDE-F dedicó sus primeros esfuerzos a convencer a todos los representantes políticos de la importancia estratégica de la Inspección educativa, especialmente en los momentos de implementación de una nueva Ley que comporta cambios tan trascendentes como los que se propone: cambios en la ordenación del sistema, de la autonomía pedagógica y organizativa de los centros, de los contenidos y la planificación curricular, cambios que afectan incluso a la propia cultura de los centros. ¿Podría ser todo ello posible sin pensar en la Inspección? Evidentemente no.
3. Por ello, a lo largo de estos meses, difíciles por muchas circunstancias, ADIDE-F, por mandato de su Junta Directiva Federal, ha estado contactando con los portavoces de las distintas formaciones, haciéndoles llegar nuestras preocupaciones y nuestras propuestas en torno al nuevo modelo de inspección al que aspiramos. Así, lo primero que queremos es expresar nuestro agradecimiento por la atención que muchos de ellos nos han prestado y, sobre todo, por la inclusión entre sus enmiendas de muchas de nuestras aportaciones en cuanto a las funciones, atribuciones y principios de actuación de la Inspección: el énfasis en las competencias en evaluación, supervisión, asesoramiento, orientación o mediación, junto a las que garantizan el ejercicio de los deberes y derechos de la comunidad educativa y, desde luego, la independencia profesional, su imparcialidad y la transparencia como principios de actuación.
4. Nos quedan aún pendientes varias propuestas y aspiraciones y vamos a seguir insistiendo en ellas:
- Nos oponemos firmemente a que, como algunos pretenden, la actual Inspección educativa quede subordinada a la creación de ningún cuerpo de élite de “altos inspectores”, con clara vocación de invadir competencias autonómicas. ADIDE-F piensa que los inspectores e inspectoras educativos somos suficientemente capaces e independientes para supervisar el cumplimiento de todas las leyes educativas, incluidas las básicas. Por tanto, ya tenemos una inspección y no necesitamos ninguna otra, a la que quedaríamos subordinados como “baja inspección”.
- Y también, por tanto, nos consideramos con entidad y criterio suficientes como para estar representados en el Consejo Escolar del Estado (abriendo así la puerta a la representación también en los Consejos Escolares de la CCAA).
- Tenemos igualmente entidad, competencia técnica y visión trasversal de todo el sistema, para establecer vínculos con el poder legislativo y sus órganos, como en muchos otros países de nuestro entorno.
- Aspiramos a la apertura de una vía de mejora de nuestra carrera profesional y nuestros niveles administrativos.
- Exigimos que nuestra formación y actualización se garanticen en esta nueva Ley básica.
5. Por último, nos reafirmamos en que debe modificarse el viejo y obsoleto sistema de acceso. Para toda la función pública docente, pero particularmente para la Inspección educativa. Inexcusablemente, el procedimiento debe garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad, incorporando la evaluación de los nuevos requerimientos que se plantean a la inspección y la evaluación de nuevos ámbitos de conocimientos pedagógicos, de liderazgo en la gestión de equipos humanos y procesos educativos. Y, ante las recientes incertidumbres levantadas, también, por supuesto, nos reafirmamos en que la selección sea claramente a través de un sistema de concurso oposición como única vía de acceso al cuerpo de inspectoras e inspectores de educación. La adicional duodécima que trata el tema, y que debe leerse en su integridad, mantiene las dos fases de concurso y oposición. Y por si hubiese dudas, hemos obtenido el compromiso del grupo proponente de que esto se va a mantener inalterado. Aún así, pensamos que ello debe quedar claro, si no queda ya, en esta Ley Orgánica, para que así lo recojan los futuros desarrollos reglamentarios, tanto básicos como autonómicos.
Comisión Permanente de Adide-Federación, a 7 de noviembre de 2020.