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Usted esta en: Indice de publicaciones arrow Noviembre 2007 - revista nº 7 arrow Monográfico arrow CENTROS INTEGRADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
miércoles, 23 de abril de 2014
CENTROS INTEGRADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Imprimir E-Mail
escrito por Carmen López-Fuensalida Moya.   
Carmen López-Fuensalida Moya
Jefa de estudios de FP del Centro Integrado
de Formación Profesional en Nuevas Tecnologías "José Luis Garcí".
Comunidad Autónoma de Madrid.

RESUMEN

Los centros integrados de Formación profesional son el último eslabón donde deben plasmarse todas las acciones e instrumentos que fueron determinados en la Ley Orgánica de las Cualificaciones y la Formación Profesional. En la Ley se determinan los centros integrados como aquellos  que implementen en su oferta acciones de formación profesional conducentes a la obtención de títulos de formación profesional y certificados profesionales además de las ofertas referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y  deja en manos de las distintas administraciones su creación y/ o autorización con las condiciones y requisitos que éstas determinen. No obstante es adecuada la flexibilidad y el carácter abierto con que se trata en este contexto la creación de los centros integrados, aunque no se determina implícitamente el fundamental valor que tienen para desarrollar las diferentes acciones presentes en la Ley.

Dos son los grandes objetivos que pretenden alcanzarse con ellos: en primer lugar la cualificación y recualificación de las personas en la permanente construcción de su itinerario de formación a lo largo de la vida, y en segundo lugar la articulación de un "espacio de cooperación, diálogo y gestión conjunta" entre el sistema de formación profesional y el entorno productivo sectorial.

ABSTRACT

INTEGRATED VOCATIONAL TRAINING CENTRES

Carmen López Fuensalida

Integrated Vocational Training Centres are the last link upon which all the actions and instruments laid out by the Organic Act on Qualifications and Vocational Training must be materialized. These centres are regarded in the Organic Act as those which implement their vocational training offer with some training activities aiming at the acquisition of Diplomas and Certificates of occupational standards referring to the National Catalogue of Occupational Qualifications. The Act also lays upon the hands of the Educational Administrations of Spanish autonomous regions the responsibility for the creation and official permission of these centres, under the legal requirements they settle. Nevertheless, the flexible and open approach of this article to the creation of this type of centres is quite suitable, though the vital importance of these centres to develop all the formative actions scheduled in the Act is not clearly enough pointed out.

The main objectives of the integrated Vocational Training Centres are two: first, the qualification and even re-qualification of people as part of the drawing-up of their personal lifelong learning process, and second, the creation of a space for cooperation, dialogue and interaction between the Vocational Training System and the production system.

EL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y LOS CENTROS INTEGRADOS.

La ideación y creación de los denominados centros integrados  en España no es una cuestión nueva. La idea de creación de estos centros empieza a gestarse a partir de los Acuerdos Nacionales de Formación Profesional (Primer Programa Nacional de Formación Profesional vigente hasta 1997 y Nuevo programa de Formación Profesional  1998-2002), y supone una de las herramientas de consecución de la integración de los  llamados anteriormente tres subsistemas de Formación Profesional (Formación profesional reglada, Formación profesional ocupacional y Formación  profesional continua1 ).

Así se determinaba como objetivo entre otros muchos en el  Nuevo programa de Formación Profesional 1998-2002 establecer  la Creación del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales con participación de las Comunidades Autónomas siendo la "formación permanente" una pieza de la "formación a lo largo de la vida" (el "Lifelong Learning" acuñado por las políticas de formación de la Comisión Europea), a través de la integración de los tres subsistemas de formación  profesional. Como se sabe la firma de estos acuerdos contaba con el consenso y colaboración en su redacción y articulación de los Ministerios del momento de Educación y Cultura y Trabajo y Asuntos Sociales, de las diferentes Administraciones Autonómicas y de los Agentes Sociales.

Esta demanda de formación a lo largo de la vida se presenta como el conjunto de medidas que da respuesta a las necesidades económico sociales de la actualidad, esto es, la necesidad de formar recursos humanos cada vez más cualificados, la necesidad de que estos recursos estén permanentemente actualizados (respondiendo al cambio dinámico que se produce en los sectores productivos como consecuencia de los cambios tecnológicos y organizativos), la necesidad de responder al desempleo y a la creación de un mercado de empleo dinámico en relación con el cambio tecnológico y organizativo apuntado anteriormente, y a la necesidad de activar los mecanismos públicos necesarios para dar respuesta a las demandas personales por las que cada individuo se convierte en sujeto activo, buscador y confeccionador de su propio itinerario formativo y profesional.

Por una parte existía legislación específica que regulaba los aspectos de la formación profesional dependiente de las administraciones educativas e igualmente desde la administración laboral en lo que a su  formación atendía. Por tanto dichos acuerdos fueron los primeros pasos, pero muy relevantes, del compromiso y de la voluntariedad de aunar esfuerzos en cuanto al desarrollo del modelo de formación profesional que debía existir en el Estado. Aún así y siendo éstos un gran avance, los acuerdos anteriormente mencionados exigían una norma general básica que regulase el armazón de la formación profesional en España, siempre sin olvidar que esta formación profesional debía responder también a las políticas económicas y educativas diseñadas desde la Unión Europea y en buena medida formalizadas en la Estrategia de Lisboa.

La Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional aprobada en 2002 debía constituirse en  esta norma básica que materializase las acciones determinadas en aquellos Acuerdos previos, y regular formalmente el Sistema Nacional de Cualificaciones y de la Formación Profesional. La norma prevé algunos instrumentos y acciones para su consecución:

1/ La identificación de las cualificaciones en función de las competencias profesionales  desempeñadas en el ejercicio profesional y su ordenación en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,  determinando  este catálogo  de estructura modular, las necesidades de formación profesional asociada a cada cualificación.

2/ Un procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de  las cualificaciones profesionales, para aquellos aprendizajes adquiridos en condiciones no formales.

3/ La oportuna disposición de mecanismos o procedimientos de información y orientación en materia de formación profesional  y empleo.

4/ Y por último, las acciones de evaluación y mejora de la calidad que deben garantizar el buen funcionamiento del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.  Esta última acción está destinada a proporcionar la información sobre el funcionamiento del sistema y revertir esta información para generar los cambios precisos del sistema, de forma que se asegure su adecuación a las necesidades formativas individuales y a las del sistema productivo.

Por otro lado la Ley Orgánica determina tímidamente y sin la especificación suficiente cómo debe fijarse la regulación y coordinación del Sistema Nacional de Cualificaciones y de la Formación Profesional. En este sentido alude a la responsabilidad y competencia para estas acciones en:

1/ La Administración General del Estado que debe regular y coordinar el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional teniendo en cuenta a las Comunidades Autónomas y a los agentes sociales.

2/ Al Consejo General de la Formación Profesional 2 como órgano consultivo de participación institucional de las administraciones públicas y los agentes sociales.

3/ Al Instituto Nacional de las Cualificaciones 3 como órgano técnico de apoyo al Consejo General de la Formación Profesional, a quien encomienda la  responsabilidad de definir, elaborar y mantener actualizado el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

Esta norma por la timidez en su articulado, en concreto en este artículo y en la definición precisa de cómo desarrollar estas acciones, se ve insuficiente para abordar uno de los objetivos y retos fundamentales a los que se enfrenta hoy por hoy la formación profesional, esto es, la integración de los subsistemas dependientes de administraciones distintas. Es más, lejos de solucionar el contexto existente antes de su publicación, ha venido a "diversificarlo" aún más. Deberían articularse, si no se ha podido oportunamente hacerlo en esta Ley Orgánica (lugar natural donde debería haberse regulado), la norma o normas  básicas que determinen exactamente las competencias que les son propias a cada administración, tanto en lo estatal como en lo autonómico, para desarrollar el Sistema Nacional de Cualificaciones y de la Formación Profesional, y cómo queda regulada la participación activa de los agentes sociales dentro del sistema.    

Desde esta óptica se observa que no existe un instrumento, herramienta o "política" de cualificaciones común a los subsistemas. Esta debería definir claramente cuáles son estatal, autonómicamente y localmente las necesidades u objetivos de cualificación preferentes  o que deben implementarse (desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo), y que se están demandando desde el ámbito de los sectores productivos a corto, medio y largo plazo. Es cierto que la mayor parte de las Comunidades Autónomas ha desarrollado Planes Generales de Formación Profesional, para dar respuesta a las necesidades en sus entornos territoriales, pero éstos funcionan únicamente en el ámbito autonómico, y en el ámbito de sus respectivas competencias. La situación actual es la de diversificación y fragmentación de necesidades y medidas de puesta en marcha. Es necesario  escuchar a las Comunidades Autónomas en sus necesidades y demandas y recoger estos estudios e integrarlos en un Plan de Acción a nivel del Estado que se convierta en integrador y globalizador de las acciones y objetivos para formación profesional (a nivel estatal, autonómico y local) que deben ponerse en marcha, con el beneficio que conllevaría el aprovechar sinérgicamente los esfuerzos económicos y administrativos a todos los niveles.

En el momento actual se han identificado los componentes del  Catálogo Nacional de Cualificaciones  Profesionales, construyéndose permanentemente  por parte del Instituto Nacional de Cualificaciones, junto con el catálogo modular de formación necesaria asociada a cada cualificación. Paralelamente los Institutos "regionales o autonómicos" de cualificaciones están desarrollando el mismo trabajo dentro del la observación que supone las necesidades y peculiaridades de su propio territorio.

El Catálogo modular que se está desarrollando asociado a cada cualificación da cuenta del contenido necesario para alcanzar dicha cualificación, estructurada en Unidades de Competencia. Simultáneamente es cuestión de tiempo que la Administración General Educativa y la Administración General Laboral publiquen sus respectivas ofertas formativas materia de su competencia: Títulos de Formación Profesional en el Sistema Educativo y Certificados de Profesionalidad, respectivamente, teniendo ambas formaciones una organización modular.

Por otra parte este catálogo de módulos que tiene su referente en las Cualificaciones Profesionales, debe ser también referente para definir no sólo la formación de Títulos de Formación Profesional en el Sistema Educativo y Certificados de Profesionalidad, sino también de la formación continua que deben seguir los trabajadores en las empresas. Esto complica el panorama de integración, porque los sectores a través de sus representantes deben planificar la formación que ofrecen a sus empleados para hacerla más rentable y lo que es más importante que pueda evaluarse y certificarse de forma que constituyan un verdadero itinerario formativo para los trabajadores.

Cualquiera de estas formaciones tiene o debe tener un objetivo común, hacer viable la construcción del propio itinerario formativo profesional por parte de los individuos. Esta es la única vía para el aprendizaje a lo largo de la vida. Y por ello otro de los pilares fundamentales que debe tener el Sistema Nacional de Cualificaciones y de la Formación Profesional  (y que se determinan en la Ley Orgánica) es un sistema como instrumento o herramienta de información y orientación preciso y construido en base a estas necesidades individuales. Hasta la fecha, cada uno de los subsistemas y administraciones respectivas dispone de un dispositivo propio de información y orientación (más de información que de orientación propiamente dicho), no existe un sistema o dispositivo que coordine estos esfuerzos, no poco importantes pero dispersos entre sí, y el enorme caudal de información  y   recursos de formación profesional y de orientación laboral disponible tanto en los ámbitos Autonómicos y Estatales como en el ámbito de la Unión Europea.

Igualmente la Ley Orgánica de las Cualificaciones y la Formación Profesional preveía la creación de un procedimiento de reconocimiento, acreditación y registro de las cualificaciones profesionales. Este procedimiento hasta la fecha no se ha puesto en marcha y tiene una importancia capital para la práctica totalidad de la población del Estado, es decir la población demandante de formación por un lado y la población que demanda de empleo por otro. La existencia de este "procedimiento" es tan urgente como el resto de medidas y debe coordinarse con las otras "patas", de forma que el Sistema Nacional de Cualificaciones y de la Formación Profesional sea eficaz y materializable.

LOS CENTROS INTEGRADOS.

En este contexto los centros integrados de Formación profesional son el último eslabón donde deben plasmarse todas las acciones e instrumentos que fueron determinados en la Ley Orgánica de las Cualificaciones y la Formación Profesional. En la Ley se determinan los centros integrados como aquellos  que implementen en su oferta acciones de formación profesional conducentes a la obtención de títulos de formación profesional y certificados de profesionales además de las ofertas referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y  deja en manos de las distintas administraciones la creación y/ o autorización de estos centros con las condiciones y requisitos que éstas determinen. No obstante quizá es adecuada la flexibilidad y el carácter abierto con que se trata en este contexto  la creación de los centros integrados, aunque no se determina implícitamente el fundamental valor que tienen para desarrollar las diferentes acciones presentes en la Ley.

Posteriormente el Real Decreto 1558 4  viene a completar la concepción y objetivo de estos centros. Dos son los grandes objetivos que pretenden alcanzarse con ellos: en primer lugar la cualificación y recualificación de las personas en la permanente construcción de su itinerario de formación a lo largo de la vida, y en segundo lugar la articulación de un "espacio de cooperación, diálogo y gestión conjunta" entre el sistema de formación profesional y el entorno productivo sectorial.

Se determinan para alcanzar estos dos grandes objetivos una gran variedad de funciones para los centros integrados de formación profesional:

1/ Deben contribuir a alcanzar los fines del Sistema Nacional de Cualificaciones y de la Formación Profesional, disponiendo una oferta modular y flexible con alcance a los subsistemas existentes. 

2/ Además de incorporar las ofertas formativas, deben desarrollar los servicios de información y orientación profesional, así como aquellos que hacen referencia a la evaluación de las competencias adquiridas a través de los aprendizajes no formales y la experiencia laboral siempre dentro del marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y de la Formación Profesional.            

3/  Deben desarrollar vínculos con el sistema productivo del entorno, en el ámbito del perfeccionamiento de la formación del personal docente, la  participación de los alumnos en la Formación de Centros de Trabajo, además de otras prácticas profesionales que ocasionalmente surjan o sean desarrolladas en conjunto. Igualmente los profesionales del sistema productivo deben participar de la docencia o apoyo en dichos centros de forma activa, aportando su experiencia laboral en permanente cambio. De esta colaboración además, debe surgir, la colaboración mutua y el diálogo que permita detectar rápidamente las necesidades de cualificación y la articulación de oferta formativa dinámica para los trabajadores del sector.

Además los resultados del diálogo y colaboración deben extenderse al resto de los centros de formación profesional que impartan ofertas relacionadas con el sector  productivo.   

4/ Deben participar y/o promover  en los centros los procedimientos de evaluación y acreditación  de competencias profesionales tal y como se prevé en el Sistema Nacional de Cualificaciones y de  Formación Profesional.  

5/ Deben convertirse en "facilitadores" de información y colaboradores de los Centros de Referencia Nacional, de los observatorios  de profesiones y ocupaciones, de los institutos de cualificaciones y de otras entidades de análisis de la evolución del empleo y de los cambios tecnológicos y  organizativos que se produzcan en el seno del sistema productivo.

Con estas tareas y funciones que deben desarrollar es obvio que deben contar con una estructura adecuada de forma que los recursos humanos y materiales puedan construir procedimientos estables de trabajo que pongan en marcha dichas funciones.

ESTRUCTURA Y  ORGANIZACIÓN EN LOS CENTROS INTEGRADOS

Los centros integrados pueden ser de nueva creación o de transformación de los ya existentes en la redes del ámbito de competencia de las administraciones educativas y de las administraciones laborales. Esto quiere decir que cualquier administración educativa o laboral puede crear un centro integrado dependiente de su propia administración. En el caso de que cualquier centro de la red propia de una de las administraciones se transforme en centro integrado, dicha administración consultará y pedirá autorización para realizar la transformación a la otra administración. 

La estructura de los centros integrados siguiendo con los principios iniciados en la LOGSE de "autonomía  organizativa y pedagógica" de centro favorece la participación de todos los actores implicados en el proceso educativo en relación con su entorno. Estos principios de autonomía y de interacción favorecen, en principio, tal y como viene determinado en el Real Decreto por el  que se regulan estos centros, la participación activa de la administración, y una cooperación de dentro afuera y de fuera a adentro entre el centro con su ámbito local y productivo.

De igual manera que los Institutos de Enseñanza Secundaria tienen que elaborar un Proyecto Educativo de Centro, los centros integrados deben elaborar un Proyecto Funcional. En este Proyecto Funcional deben definirse las grandes estrategias a las que debe responder el centro así como el sistema de organización, los procedimientos de gestión, los proyectos curriculares de los ciclos formativos que se impartan así como las programaciones didácticas y el plan de acción tutorial. Igualmente debería contemplar las acciones de formación para el empleo dependientes de la administración laboral, qué acciones se promueven y basadas en qué demanda y los tiempos óptimos de programación e impartición dentro de los horarios de apertura del centro.

Además este Proyecto Funcional debe estar articulado y evaluado sobre un modelo de gestión de la calidad y mejora continuas, que  valore  cualitativa y cuantitativamente el grado de satisfacción de los alumnos y usuarios y el alcance de inserción laboral de los beneficiarios de las acciones formativas.

Como un grado más de autonomía en estos centros se determina que las administraciones competentes  establecerán los plazos de admisión de alumnos, matriculación, organización temporal de las ofertas, etc... todo ello atendiendo a la naturaleza de las acciones formativas y de los servicios que caracterizan estos centros y de sus usuarios y beneficiarios, y con el objetivo de conseguir que el acceso de jóvenes, personas adultas y trabajadores sea flexible teniendo en cuenta la disponibilidad de tiempo y las obligaciones y cargas de estos grupos de población. Se entiende aquí que dadas las características de dichos centros las administraciones correspondientes son competentes en determinar plazos de admisión y matriculación flexibles, sin que necesariamente coincidan con los plazos generales que se determinan para las enseñanzas en los Institutos de Enseñanza Secundaria. Esta medida es necesaria para articular las enseñanzas de formación ocupacional conducentes a Certificados de Profesionalidad en la que no existe el concepto de "curso académico"  y las ofertas formativas se promueven cuando se detecta la necesidad de realizarlas en función de las demandas específicas del mercado de trabajo y del sector productivo y tienen una duración que normalmente no excede los 6 meses. Igualmente es imprescindible en las ofertas de formación para  trabajadores, ya que estos cursos son de menor duración y en  horarios que deben adaptarse a las necesidades laborales y personales de estos colectivos.        

A diferencia del Consejo Escolar que existe en los Institutos de Enseñanza Secundaria, la norma prevé la existencia de un Consejo Social concebido como un órgano de contribución de la sociedad al centro integrado. Este Consejo Social está formado por distintos representantes con un número máximo de 12 miembros. Estos participan en calidad de representantes de la Administración, representantes del centro y representantes de las organizaciones empresariales  y sindicales más representativas (en numero paritario). La presidencia de este consejo social corresponde al Director del centro.

En cuanto a los órganos de gobierno, participación y coordinación la norma básica  establece los siguientes:

1/ Órganos unipersonales de gobierno: Director, Jefe de Estudios, Secretario o equivalentes. Estos órganos son los constitutivos del equipo directivo del centro.

2/ Órganos colegiados de participación: Consejo Social, Claustro de profesores o equivalente.

3/  Y otros órganos de coordinación necesarios para garantizar las funciones de consecución de una formación integrada y de calidad, la información y orientación profesional, las funciones de evaluación y reconocimiento de las competencias profesionales así como las funciones de  relación y cooperación con las empresas.

En este sentido, el Real Decreto no establece qué órganos de gobierno deben ponerse en marcha, y este es uno de los problemas ya que la administración educativa y la laboral tienen sus propios órganos de funcionamiento para sus centros en función de sus necesidades.

Es esencial establecer órganos de coordinación que construyan los procedimientos de funcionamiento que hayan de servir a  los usuarios y beneficiarios de estos centros. Para ello más que tratar de ver qué normas y procedimientos pueden ser compartidos y coherentes sin conculcar la legislación de ambas administraciones, es una necesidad que puedan construirse procedimientos comunes que sean eficaces y viables en la práctica. Es por tanto conveniente articular marcos normativos que determinen la viabilidad de participación y desarrollo de las funciones propuestas y hacer que éstas sean desarrolladas por los profesionales de ambas administraciones.

Uno de estos órganos de participación debe ser el que integre en el centro la relación con las empresas  y asociaciones del sector. El desarrollo a nivel local del sector productivo debe estar vinculado a las enseñanzas que se impartan en el centro, sólo así puede garantizarse la inserción laboral y las sinergias necesarias para el empleo. Pero además estas relaciones deben trascender a este marco de localización territorial y estos departamentos deben relacionarse con otros centros integrados a nivel estatal, o incluso internacional y  con otras instituciones donde se desarrollen las tareas de Investigación + Desarrollo + Innovación dentro del sector. Además deben articularse también las relaciones que tendrían que producirse con el otro tipo de centros que prevé la Ley  Orgánica de Cualificaciones y Formación profesional: los centros o la red de Centros de Referencia Nacional.   

El siguiente órgano de participación de gran importancia debe ser aquel que desarrolle las funciones de relación del departamento de información y orientación con otras instituciones y administraciones homólogas a nivel autonómico, estatal y de la Unión Europea. Es preciso contar y beneficiarse de redes de información válidas y eficaces, es preciso también utilizar y ser partícipe de los soportes que proporciona la sociedad de la información en este ámbito. Estos órganos de participación van a aportar información sobre las oportunidades de aprendizaje que transcienden al centro (no sólo para los usuarios del centros sino para los agentes de formación, es decir equipos directivos y profesores), y de las oportunidades laborales que los beneficiarios y usuarios de los centros integrados tienen disponibles en el mercado laboral. 

LOS RETOS

Desde finales de la década de los 90 y antes de la Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional,  muchos Institutos de Enseñanza Secundaria (ubicados en distintas Comunidades Autónomas) que tradicionalmente venían ofertando únicamente  enseñanzas conducentes a títulos de formación profesional reglada,  han puesto en marcha ofertas de formación ocupacional, aprovechando parte de sus recursos materiales y humanos con mayor o menor éxito. Hasta aquí la impartición de estas enseñanzas no dejaba de ser una mera disposición de recursos materiales y humanos aprovechables en los centros de enseñanza secundaria al servicio de las demandas sociales del entorno.

Por otra parte la administración laboral cuenta igualmente con centros que dan respuesta a las demandas del sistema de empleo, por tanto existe una propia red de centros articulada con unas normas de funcionamiento que les son propias y que responden a sus criterios  de  organización y gestión.

Pero el caso de los centros integrados es distinto, se trata de dar "el gran salto",  determinar no sólo la optimización de estos recursos sino la gestión conjunta por parte de las administraciones educativa y laboral para alcanzar la integración de los sistemas, es decir la estructuración orgánica de un centro para dar servicio a la población de jóvenes, a la población en situación de desempleo y a los trabajadores de un sector productivo determinado, con la participación activa de todos los actores implicados en este proceso . El objetivo último de un  centro integrado debe ser (dado el carácter modular de las enseñanzas)  que los usuarios una vez programada la actividad de "un módulo" asistiesen conjuntamente a las enseñanzas en el mismo espacio, esta es la forma de optimizar al máximo nivel recursos  materiales y humanos al servicio de los usuarios. Este camino no es fácil y necesita de no pocas condiciones.

Una de las necesidades es contar  con un instrumento similar al  "Reglamento Orgánico de Centro" (conocido por todos en el sistema educativo) específico para los centros integrados, en el que su articulado estuviera acordado por las administraciones laboral y educativa. Sólo así los procedimientos de organización y gestión serían los adecuados. Para ello hay que llegar a lugares comunes en el marco legislativo y en todo aquello que afecta al personal y a la organización desde ambas administraciones. Esta medida cambiaría sustancialmente "el parecido" de un centro integrado con respecto al referente de centro que cada administración  gobierna actualmente, lo cual exige un cambio de mentalidad y la voluntad necesaria por parte de ambas administraciones para abandonar la "inercia" y encontrar fórmulas novedosas y eficaces para el encuentro y el acuerdo común.

Es también necesario disponer del marco legislativo que haga más flexible la gestión de los procedimientos económicos y la aportación compartida de presupuestos por parte de la administración laboral y educativa. La gran inversión que deben poner en marcha estos centros para cumplir el grueso de sus funciones así lo justifica. Además debe proveerse a los Consejos Sociales de herramientas para que los centros integrados puedan poner en marcha medidas contables y de gestión económica específicas que en determinados momentos permitan percibir recursos externos (fuera del marco público) con el propósito de reinvertirse en el propio centro, de forma que sean posibles inversiones continuas para dar respuesta a las necesidades de reciclaje de equipamientos para la formación. Por supuesto estas medidas deben ser revisadas, aprobadas y supervisadas por el Consejo Social de forma que se cubra la garantía de estas medidas económicas siempre en beneficio del centro. 

Otra de las medidas importantes para implementar, es la reglamentación interior o de convivencia. En el espacio de un centro integrado van a convivir diferentes grupos de población con grados de madurez y actitudes y entornos personales diferentes. Jóvenes en formación que acceden a enseñanzas no obligatorias pero ya vocacionales, trabajadores en situación de desempleo y trabajadores en activo. Esta convivencia debe ser ventajosa para todos los grupos de población mencionados. La mera interacción de estos grupos aporta beneficios para todos los grupos, pero es conveniente crear el clima de convivencia adecuado. El centro integrado debe ser un lugar común para intercambiar experiencias. Los jóvenes pueden beneficiarse de la experiencia de la población adulta tanto a nivel personal como en el terreno profesional. Es esencial conservar el entorno académico,  pero no es menos importante generar las condiciones para crear  un clima de desarrollo de  aptitudes profesionales y habilidades sociales en  el comportamiento de los usuarios, siempre teniendo como horizonte la inserción laboral y el diálogo fruto de intereses comunes en el sector profesional. Además debe crearse el clima de intercambio  que favorezca la transmisión de experiencia, conocimiento, aptitudes profesionales y personales a los alumnos en formación inicial por parte de los trabajadores que asisten al centro.

Los centros integrados deben  generar una enseñanza de calidad. Así se determina en el Real Decreto que los regula, en el que se establece la necesidad de mecanismos para que la gestión de procedimientos de organización y funcionamiento se asiente sobre las bases de un  modelo de calidad. Esta medida de exigencia de calidad  y mejora  continua en la gestión y en los resultados que se obtienen, debe revertir en el resto de los centros de formación profesional que impartan enseñanzas de la Familia Profesional. Estos centros no deben convertirse en referentes elitistas para la impartición de la oferta formativa de una familia profesional concreta, utilización de equipamientos, y formación continua del profesorado. La experiencia extraída de ellos, tanto en la formación del profesorado como en el ámbito de la investigación didáctica  debe servir como modelo y ser utilizable y estar disponible para los profesionales de otros centros. Por ello es importante articular los mecanismos de comunicación y los lazos con el resto de centros de la Familia Profesional tanto a nivel autonómico como estatal. Esta interacción mejorará sin lugar a dudas la investigación curricular y didáctica de las enseñanzas, por ello hay que promover encuentros periódicos para debatir experiencias, problemas y soluciones comunes.

La inspección educativa es la garantía de estos modelos de funcionamiento, y también esto supone un reto. La necesidad de flexibilidad de la normativa o de regular nuevos procedimientos supone uno de los objetivos a alcanzar y nuevas dificultades de materialización en la práctica. Y quedan muchas preguntas y asuntos por resolver: ¿Cómo se garantizará esta inspección? ¿Serán funcionarios de ambas administraciones quienes realicen estas funciones? ¿Cada cuerpo supervisará las enseñanzas que son materia de competencia de la administración a la que pertenecen o podrán supervisar otras, con los cambios normativos correspondientes?¿Podría articularse otro marco también conjunto acordado por ambas administraciones para la supervisión conjunta independientemente de donde estén adscritos los funcionarios que las realicen, o por el contrario se otorgarán nuevas funciones a los inspectores de educación y por su parte a los de la administración laboral? También en este campo es necesario establecer nuevos espacios o proveer de herramientas de trabajo al cuerpo de inspectores para la realización de sus funciones de manera eficaz.       

Es también imprescindible diseñar y disponer la formación específica necesaria para desempeñar las funciones en los distintos departamentos que deben constituir un centro integrado. Es necesario crear formación específica para los equipos directivos  de estos centros.

Igualmente otros tipos de formación debe diseñarse para dirigirse a los integrantes de los departamentos de información y orientación laboral que deben ser departamentos interdisciplinares por las tareas que deben desarrollar. Por una parte las tareas de información, la orientación laboral y muy ligadas a estas funciones, aquellas relacionadas con el reconocimiento, evaluación y acreditación de los aprendizajes no formales. Por ello las personas que integren estos departamentos deben conocer el mundo de la orientación profesional y también específicamente el sector profesional de que se trate.   

Las planificaciones de la oferta formativa que se realicen en los ámbitos autonómicos deben plasmarse en una red de centros integrados, donde ésta venga complementada con desarrollos curriculares específicos derivados del diseño modular. 

En definitiva,  existen retos importantes y no fáciles y herramientas por disponer. Las administraciones competentes deben disponer  voluntades con espíritu abierto y flexible, encontrar espacios comunes para la negociación y aunar esfuerzos para implementar las herramientas necesarias que desarrollen sistemas y procedimientos que se pongan al servicio del objetivo fundamental en estos centros: conseguir la tan nombrada integración de "los tres subsistemas de formación profesional" y su materialización en los centros integrados.   

Carmen López-Fuensalida Moya.



1 Existe un cambio reciente en la denominación de las enseñanzas:

Las enseñanzas dependientes de la Administración Educativa conocidas anteriormente como enseñanzas regladas o formación profesional inicial pasan a denominarse a partir del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre  enseñanzas de  formación profesional en el sistema educativo.

En cuanto a las enseñanzas dependientes de la Administración Laboral el Real Decreto 395/2007 de 23 de marzo por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo (antes subsistema de formación ocupacional y subsistema de formación continua) denomina a las antes llamadas enseñanzas de formación ocupacional y continua  iniciativas de formación integradas por: formación de demanda, formación de oferta, y  formación en alternancia.

2 El Consejo General de Formación Profesional se creó mediante la Ley 1/1986 de 7 de enero, modificada más tarde por la Ley 19/1997, de 9 de Junio.

3 El Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL),  fue creado por el Real Decreto 375/1999, de 5 de marzo. Es el instrumento técnico, dotado de capacidad e independencia de criterios, que apoya al Consejo General de Formación Profesional para alcanzar los objetivos del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. En la actualidad depende orgánicamente del Ministerio de Educación y Ciencia. 

4 El Ministerio de la Presidencia reguló a través del Real Decreto 1558/2005 de 23 de diciembre los requisitos básicos de los Centros Integrados de Formación Profesional. 

 

 Staff números 5 a 7

DIRECTORA:
MILAGROS MUÑOZ MARTÍN

Inspectora de Educación
Dirección de Area Territoria
de Madrid Sur

 

VICEDIRECTOR:
FERNANDO FACI LUCIA

Inspector de Educación
Servicio Provincial de Educación
de Zaragoza

 

CONSEJO DE REDACCIÓN:

FRANCISCO J CUADRADO MUÑOZ

Inspector de Educación
Delegación Provincial de Educación
de Córdoba

 

TUDI TORRÓ I FERRERO
Inspectora de Educación
Dirección Territorial Provincial
de Educación de Alicante
Profesora  asociada en
la Universidad de Alicante

 

ISABEL PUEYO LOBERA
Directora escolar
Dirección de Área Territorial
de Madrid Sur 

CONSEJO CIENTÍFICO

de las revistas 7 a 10:

SERAFÍN ANTÚNEZ
Catedrático del Departamento
de Didáctica y Organización de
la Universidad de Barcelona

Mª ANTONIA CASANOVA
Inspectora central del MEC 

JUAN MANUEL ESCUDERO MUÑOZ
Catedrático de Didáctica y
Organización Escolar de la
Universidad de Murcia

JOSÉ MANUEL ESTEVE
Catedrático de Teoría de la
Educación de la Universidad
de Málaga

MERCEDES MUÑOZ REPISO
Centro de Investigación y
Documentación Educativa (CIDE)

ELÍAS RAMÍREZ AÍSA
Inspector de Educación en la
Comunidad de Madrid
Profesor Asociado en la UNED

SYLVIA SCHMELKES
Directora del Departamento de Educación.
Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

JOSÉ MARÍA VERA MUR
Inspector de Educación
de Lleida (Cataluña)

ANTONIO VIÑAO FRAGO
Catedrático de Historia
de la Educación de la
Universidad de Murcia

 

ISSN: 1885-0286